MOMENTO HISTÓRICO  DE LA REFORMA ESCOLAR Habla el Prof. Dr. Oscar Bruschera, abogado, periodista, docente, ex Director del Banco Hipotecario del Uruguay. Conferencia pronunciada el 14 de noviembre de 1968.

   La cabal comprensión de la reforma escolar, de sus fundamentos filosóficos, de la obra educativa y de la proyección del pensamiento de José Pedro Varela hacia el presente, solo puede lograrse con la previa y precisa ubicación del momento histórico en que aquel trascendente acontecimiento transcurre. El hecho histórico que tiene un protagonista principal  - como ocurre con la Reforma -, requiere el análisis de la peripecia vital del personaje, las influencias que se ejercieron sobre su pensamiento, las circunstancias que lo impresionaron o conmovieron, su particular manera de ver la realidad circundante; pero también, y casi diría, con mayor medida, las tensiones sociales, las fuerzas económicas, las instituciones, la problemática entera que lo rodeaba y sutilmente penetraba en su conciencia.

  Varela proviene de un hogar de abolengo y con tradición ilustrada y gracias a ese magisterio familiar pudo corregir las habituales carencias de una formación principalmente autodidacta. Sus primeras aficiones fueron literarias y por supuesto, románticas. Cuando en 1867 llega a Europa, su embelesamiento es para con Víctor Hugo, el tormentoso y apasionado caudillo de la insurgencia romántica. Pero fue durante ese período que conoció a Sarmiento en los Estados Unidos y con él, la aleccionante experiencia educativa de un país joven y con pujante impulso civilizador. Este contacto y este deslumbramiento, signó el futuro de su vida, porque simultáneamente conoció las obras filosóficas de Spencer y el impacto del positivismo cientificista constituye el otro pilar en el que se asiente su concepción sociológica de la sociedad de su tiempo, del país en que vivía y del país que quería crear. Cuando en 1868, de regreso, constituye a la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, actúa junto a la “élite” principista, preocupada por civilizar el país cerril y chúcaro que por entonces éramos; por instaurar los presupuestos institucionales y políticos de un civilismo auténtico y con raíces democráticas; por afirmar los principios que la filosofía liberal había pergeñado a lo largo del siglo, para salvaguardar los fueros del individuo y rendir devoto culto a la libertad, y para todo ello, la educación era una palanca, y un instrumento idóneo, como no había otro, según su entender, a fin de alcanzar logros tan altos.  Es Varela en el ciclo que va de 1868 a 1873, un principista intransigente: como periodista en el diario “La Paz”, opositor a las complacencias caudillescas de Lorenzo Batlle que le ocasionan un destierro a Buenos Aires; como adherente a la prédica antitradicionalista de Carlos María Ramírez, en las páginas del reaparecido diario “La Paz”. Viene luego la desilusión del nombramiento de Ellauri para la primera magistratura; el bizantinismo, que no podía escapársele de las Cámaras del 73, y la creciente preocupación por el problema educativo. En 1874 publica la Legislación Escolar; en 1875 es el candidato principista en las elecciones de Alcalde Ordinario, prólogo del motín que derrumbó el gobierno regular. Al año siguiente, Latorre se instala en el Fuerte. Varela llevado por José María Montero, acepta tomar entre sus manos, con el decidido apoyo del gobierno de fuerza, la responsabilidad de reformar, mejor diríamos de crear la escuela uruguaya. Era el doloroso precio que debía pagar para atacar las raíces del mal; para asentar en bases sólidas la efectividad del sistema democrático; para erradicar la reiteración de nuevos cielos de oscuridad y violencia; para hacer factible el progreso económico.

   Estas rápidas y dramáticas mudanzas registran, en la trayectoria de un expectable hombre público, las pautas de las profundas transformaciones que han acaecido o que se anuncian, en el país mismo.

   Veamos de reseñarlas de la manera más sintética posible.

   Hay en primer lugar una variación fundamental en la coyuntura internacional. En 1865 y a la zaga de la intervención brasileña y mitrista en el Estado Oriental, comienza la Guerra del Paraguay, que se cierra en 1870 con el dramático sacrificio de Francisco Solano López.  La conjunción de intereses de los exportadores de Manchester y Liverpool con los patriciados mercantilistas de Río, Buenos Aires y Montevideo, abatieron el baluarte paraguayo donde se había procesado un ensayo de transformación progresista de raíz americana, pertinazmente hostil a la tutoría de los grande centros de poder económico europeo. Desde la Independencia  y hasta la década del 70, el país había conocido varias tentativas de consolidar el Estado nacional, en una política de fronteras para adentro; pero todas ellas resultaron frustráneas y el Estado oriental no dejó nunca de ser un peón en el ajedrez de los encontrados intereses y tendencias que disputaron conceptos y hegemonías en la comarca rioplatense. Sea durante la gran crisis de la Guerra Grande, o en la Segunda Cisplatina que se instala después de la paz de 1851; o en las múltiples repercusiones del difícil proceso de organización política de la República Argentina o por fin, en las intervenciones desembozadas que prepararon el ataque al Paraguay. Clausurado este episodio, el statu quo del Río de la Plata quedó definitivamente asentado. Ya no resultaba viable aquel aire regional que nuestra trayectoria histórico en los primeros sesenta años del siglo XIX: la creación de un verdadero Estado uruguayo fue, a partir de entonces, una impostergable necesidad nacional.

   La ficticia prosperidad, basada principalmente en el auge de la intermediación mercantil con asiento en Montevideo, secuela de la Guerra del Paraguay, se clausuró en 1868. Síntomas alarmantes de la crisis se presentaron en 1867, pero fue en 1868, junto con una terrible epidemia de cólera, que hizo eclosión con un colapso bancario derivado de un desarrollo desarreglado en los negocios, sin debida correspondencia con la estructura del sistema económico real. El país tradicional, el Uruguay criollo, que intuía mejor que sabía, se alzó en masa en la “Revolución de las lanzas” que comenzó en 1870. Cuando llegó la Paz de Abril de 1872, año que es también el del gran banquete de la juventud, el de la Profesión de Fe Racionalista, el de la aparición de “La Bandera Radical” y de “La Paz”, el de la eclosión principista articulada en los programas del Club Radical y del Club Nacional, aquella generación convocada a pensar, o mejor repensar, el nuevo país que las circunstancias reclamaban, adhirió sin reservas a los parámetros de la filosofía liberal. La defensa de la libertad, la prevención contra el Estado sólo como tutelador del orden y dispensador de la justicia; la libertad de comercio, de empresa, de emisión; la negativa a toda garantía estatal para impulsar el desarrollo ferroviario; la prevención contra el ejército como institución son algunas de las coordenadas principales de una ideología que defendieron con pasión y sacrificio.

   Vale decir: el segundo aspecto fundamental se refiere a las mudanzas operadas en el campo institucional e intelectual. Había que crear un nuevo país y para hacerlo, el pensamiento y las ideologías adherían a un principismo militante y austero. Había que crear el Estado nacional uruguayo, pero al mismo tiempo, contradictoriamente, y refractando una realidad concebida para sociedades mucho más evolucionadas, las garantías de libertad y los fueros del individuo imponían una drástica limitación de las potestades de ese mismo Estado todavía vacilante y débil.

   Ocurre sin embargo, que también las condiciones materiales de existencia reclamaban coetáneamente una mudanza profunda en el tradicional modo de producir, y trabajar del Uruguay criollo.

  El Uruguay, país ganadero, tenía en los cueros y en la carne tasajo, los dos rubros tradicionales de exportación. Los mercados compradores de tasajo eran la zona del Caribe y sobre todo el Brasil, donde se utilizaba como alimento de su nutrida población de esclavos, pero en el horizonte se avizoraba ya la cercana clausura de esta corriente exportadora.  Nunca pudo introducirse el charque en el mercado europeo y la escasa dimensión de área posible de su comercialización operaba como un segundo freno para impulsar el desarrollo de una ganadería productora de carnes. Europa, con alta densidad de población era un inmenso mercado potencial, pero el problema era cómo conservar las carnes para presentarlas en condiciones aceptables para el gusto del consumidor europeo. Justamente en 1878, el físico francés Tellier consigue cruzar el Atlántico en el barco “Le frigorifique” superando el obstáculo técnico; sin embargo, el invento es contemporáneo a la reforma escolar y va a tardar luengo años en transformarse en una solución industrial capaz de impulsar radicales mudanzas en el sistema productivo. En esa materia, como en tantas otras, la Argentina se nos adelantó en varias décadas.

   No obstante estos obstáculos, la ganadería uruguaya había comenzado su proceso de mestización y refinamiento. Fueron los “ingleses”, término en el que se englobó a sajones y también a alemanes, holandeses, algunos franceses, catalanes y también españoles, los pioneros de esta mudanza en cuyo decurso, propietarios criollos progresistas pusieron su importante contribución. No es que este impulso llegara a alterar la sangre tradicional de ovinos y bovinos; apenas sí en una cierta área del país, el litoral fluvial del río Uruguay desde Paysandú hasta Colonia, por razones de vecindad con el Entre Ríos donde el proceso estaba más adelantado, la imagen de la estancia cimarrona y tradicional dio paso al esquema moderno de la estancia-empresa. Por otro lado, estos son los años de la llamadas “revolución del ovino”, o sea la incorporación a  la tradicional ganadería del vacuno, de las majadas de ovejas y carneros, productores de lana antes que de carnes, que ampliaron la capacidad exportadora e implicaron a su vez, una tecnificación de la ganadería, porque era preciso mediante la mestización modificar las características de la oveja criolla, inadecuada para producir la fibra textil.

  Para impulsar esta política pecuaria y llevar adelante las mudanzas estructurales que en el sistema ganadero y en la organización entera del Estado llevaba consigo, surgió como una urgente necesidad, la de agremiarse Así nació en 1871 la Asociación Rural del Uruguay, nucleamiento de los productores progresistas. ¿Qué reclamaban del Estado? Condiciones de seguridad y de paz; estabilización del orden de la campaña; cuidado y defensa de las cuantiosas inversiones que realizaban; alambramiento de los campos, requisito indispensable y previo al masivo refinamiento de los planteles. Todo ello se resumía en disciplinamiento del trabajador rural, trasmutado de gaucho libre y díscolo en asalariado sometido a la voluntad patronal y sofrenado por la eficacia de una acción policial hasta entonces casi enteramente ausente en el dilatado campo, semidespoblado y sin cercar.

  La propiedad de la tierra tenía ya establecidos los presupuestos jurídicos para su vigencia: la norma constitucional; el Código Civil (1868), la legislación sobre temas públicos y también el Rural, aprobado en 1875, pero que comenzó a regir realmente en 1876, ya bajo el gobierno de Latorre. La propiedad burguesa de la tierra y de los ganados, había sido de facto discutida, en el Uruguay criollo, tierra de guerras civiles y caudillos. La apropiación se cumplió coetáneamente con las guerras civiles y fue muchas veces pago de servicios y punto en donde se asentó el liderazgo caudillesco; pero ahora el problema radicaba en trasmutar el título teórico en ejercicio efectivo del derecho para organizar la unidad productiva, a nivel empresarial.

  No solo las clases altas rurales jaqueaban al Estado débil e incapacitado para cumplir su misión más primeriza: la de asegurar el orden; también el fuerte comercio exportador e importador reclamaba el saneamiento monetario, la adopción del monometalismo orista y el pago de las deudas que un Estado trágicamente insolvente había acumulado en beneficio de especuladores que traficaron con aquellas urgencias.

  Por fin, los inversores extranjeros se encontraban dispuestos a lanzarse sobre la yerma economía nacional, siempre a condición que se pusiera la casa en regla y se instaurara un sólido orden interno. Los ferrocarriles tan vitales para promover el desarrollo de la producción básica de la tierra y conducirla hasta el único puerto de embarque, requerían un penoso y lento proceso de desarrollo. Allí, como en otros servicios –transporte urbano de Montevideo, abastecimiento de agua, compañías de seguros- el capitalismo británico esperaba su hora para acoplar a su secular predominio mercantil, la etapa de su expansión financiera mediante el control de los servicios vitales.

  Para concluir esta visión panorámica hay que recordar otro hecho asaz significativo. En 1868 el país tenía unos 380.000 habitantes; la mayoría de esta población estaba formada por inmigrantes de corto arraigo. En los 15 años anteriores, no menos de 230.000 inmigrantes, principalmente procedentes de España e Italia habían llegado. Vale decir, el 60% de la población total. El país siguió creciendo en los años siguientes y creció, sobre todo, por ese aluvional aporte inmigratorio. Ya no son ingleses de clase alta, ni extranjeros que aportan caudales y organizan empresas; es un abigarrado alud de pobladores desvalidos que tienen sólo sus manos para trabajar, muchos de ellos marginales, liberales, carbonarios y también una corte famélica de inadaptados o mendigos. Montevideo cambia su faz y acaso nunca como entonces, fue tan cierta la desemejanza entre la capital cosmopolita y el interior tradicional. Ello tuvo inmensas consecuencias de futuro, pero una aquí debe indicarse, enfatizando sobre su decisiva importancia: en la capital, las trabas que para procesar una mudanza de fondo opone toda sociedad tradicional, estaban amortiguadas por el escaso arraigo de su población, con una flotante mano de obra, carente de colocación industrial y presta a sumergirse en aquellas vías que permitieran estabilizar su situación y abrirle perspectivas de ascenso social, lograda casi siempre, a expensas del éxito económico.

  La situación histórica en el momento de la Reforma escolar, pues, imponía el logro de condiciones de estabilidad y de orden para el desarrollo de las fuerzas productivas; el acrecimiento del poder etático, único que podía llevar adelante este desiderátum; y requisito previo para promover los cambios sustanciales en el orden económico y tecnológico que reclamaban inversiones, vías de comunicación, aparejamiento de instrumentos industriales. Pero también esta trasmutación económica reclamaba la mejoría del standard cultural de la población trabajadora. Cuando el Estado se hizo fuerte y eficaz; cuando creó los basamentos indispensables para atender los requerimientos que en el orden institucional, jurídico y político reclamaban las clases altas a fin de modificar el sistema productivo y “modernizar” el país, también se planteó la revolución cultural que implicaba la popularización de la enseñanza, como un aspecto o una condicionante del desarrollo económico. He ahí por qué Latorre y Varela vinieron a coincidir en llevar adelante la Reforma, aunque fueran tan disímiles las motivaciones que uno y otro tuviera y así también se dio, como es corriente en la historia, que la Reforma coadyuvara no sólo a la consolidación del Estado nacional uruguayo, sino también a su ulterior modernización democrática. Varela no sólo dio el basamento cultural para las mudanzas que acaecieron en su tiempo, sino también el presupuesto indispensable para las ulteriores y revolucionarias transformaciones que ocurrieron en las tres primeras décadas del siglo XX.